por Patricia Zapor
WASHINGTON (CNS) — En aserto que “el congreso había aprobado la ley de Cuidado Asequible o “ACA”, por sus siglas en inglés, para que los mercados de salud mejoraran y no para que se destruyeran”, en votación mayoritaria de 6 a 3 la Suprema Corte mantuvo, el 25 de junio, los subsidios de impuesto para los participantes en canjes de cuidado de salud controlados por el gobierno federal en los estados del país que rehusaron instalarlos.
En opinión de la mayoría, el presidente del tribunal supremo, John Roberts, aclaró el embrollo de lo que dijo había sido “más de un ejemplo de redacción torpe” en la forma como había sido redactada la ley del 2010 que contribuyó a la interpretación que los subsidios federales para personas de más bajos ingresos deberían hacerse asequibles solamente a los residentes de los estados que han establecido su propio canje de cuidado de salud.
Cuatro residentes del estado de Virginia pusieron en entredicho tales subsidios, a pesar de que Virginia tiene canje federal, los cuales no quieren comprar el seguro de salud y argüían que los créditos de impuestos que recibirían para hacerlo no corresponden al espíritu de la ley. Sin los subsidios, el nivel de sus ingresos les permitiría estar exentos de los requisitos de compra de seguro de ACA.
La corte baja mostró su desacuerdo y la Suprema Corte sostuvo tales decisiones.
Treinta y cuatro estados del país usan el canje de seguro federal porque no establecieron el suyo propio. Una cifra calculada en 6.4 millones de personas que viven en esos estados estaban en riesgo de perder los subsidios que suman un promedio de unos $272 al mes como ayuda en el pago de primas de seguro.
Mediante la decisión tomada se afirma que la interpretación de los demandantes en el caso King v. Burwell debilitaría dos de los tres principales objetivos de ACA: crédito de impuesto para aquellos que no pueden pagar primas completas de seguro y el requisito de que casi todo mundo tenga cobertura de seguro.
“La combinación de la falta de créditos en los impuestos junto con un requisito inefectivo de cobertura bien podría lanzar el mercado de seguros individuales del estado en una espiral mortal”, escribió Roberts. “Es inverosímil que el Congreso haya querido actuar para operar de esa manera”.
El caso giró largamente en lo que el Congreso intentó afirmar con la expresión que aparece en ACA en referencia a “el canje establecido por el estado”. La mayoría concluyó que con ese lenguaje se quiso decir: los créditos en los impuestos aplicados a compras “en cualquier canje creado bajo la ley”. Tales créditos son necesarios, escribió Roberts, para que los canjes federales funcionen como los canjes de los estados “y para evitar el tipo de resultado calamitoso que el Congreso evidentemente trató de evitar”.
En desacuerdo colorido y displicente, el magistrado Antonín Scalia arguyó que la mayoría “no había alcanzado a presentar el caso contextual convincente necesario para justificar el apartarse del significado común de los términos del Derecho; y que, al contrario, mediante el contexto solamente se enfatizaba la extraña interpretación de la Corte. Después de hacer una lectura del texto completo de la ley no hay duda acerca de este asunto: ‘Canje establecido por el estado quiere decir lo que al parecer significa”.
