People participate in the “little lanterns march” at the Central American University in San Salvador during the 2015 commemoration of the 26th anniversary of the massacre of six Jesuit priests and two women, murdered in November 1989 by a military commando. (CNS photo/Oscar Rivera, EPA)
por Edgardo Ayala
SAN SALVADOR, El Salvador (CNS) — El arzobispo José Escobar Alas de San Salvador dijo que los documentos sobre la violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil están disponibles para ayudar a llegar a la verdad y lograr justicia en los asesinatos de los seis sacerdotes jesuitas y las dos mujeres asesinados en noviembre del 1989.
Un tribunal español ha emitido de nuevo una solicitud de órdenes de arresto para 17 oficiales militares salvadoreños por su participación en los asesinatos que impactaron este país centroamericano y la comunidad internacional.
“Siempre estaremos a favor de la verdad, la justicia, a favor de las víctimas” dijo el arzobispo Escobar durante una conferencia de prensa del 10 de enero, donde dijo que los documentos sobre los crímenes de guerra investigados por la oficina de ayuda jurídica de la iglesia durante la década de 1980, Tutela Legal, están disponibles para el público y para los investigadores.
“Estaremos a favor (de clarificar crímenes de guerra) y colaborando en lo que podamos colaborar”, él añadió.
Durante los 12 años de la guerra civil que terminó en 1992 los abogados e investigadores de Tutela Legal estaban entre los pocos que se atrevían investigar casos de tortura, asesinato y violaciones de los derechos humanos, muchos de estos cometidos por escuadrones de muerte derechistas.
España está procurando la extradición de los oficiales militares porque cuatro de los seis jesuitas asesinados eran españoles.
El 5 de enero el juez español Eloy Velasco le solicitó a Interpol los arrestos de los oficiales militares, copia de la cual fue enviada a la policía salvadoreña. Hasta el 11 de enero el gobierno salvadoreño no había dicho porqué la policía no los había arrestado.
Velasco hizo una solicitud similar en el 2011, pero las autoridades salvadoreñas dijeron que aquellas órdenes eran para localizar a los acusados, no detenerlos. Pero un decreto de un tribunal constitucional en agosto dijo que las órdenes procuran no solamente la ubicación, sino también el arresto de personas buscadas. El decreto abrió el camino para que Velasco solicitara de detención otra vez.
