por Patricia Zapor
WASHINGTON (CNS) — Mientras el director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaba planes para cambiar las prácticas de detención de familias inmigrantes con niños, algunos miembros del Congreso que recientemente visitaron centros de detención y el director de una organización católica de servicios legales discreparon con el sistema diciendo que la única respuesta es detener el encarcelamiento de familias.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo en una declaración del 24 de junio: “Tenemos que hacer cambios sustanciales en nuestras prácticas de detención respecto a las familias con niños” y anunció algunos pasos para hacerlo.
Un persistente coro de abogados, líderes religiosos y miembros del Congreso se ha tornado más y más insistente en criticar la política federal de detener familias interceptadas en la frontera Estados Unidos-México y mantenerlas en centros de detención privados, algunos durante un año o más.
La situación surgió el verano pasado en medio de una ola sin precedentes de familias y menores no acompañados que llegaron a la frontera estadounidense desde Honduras, Guatemala y El Salvador. Bajo la ley federal, tales migrantes tienen que recibir la oportunidad de procurar un caso legal para permanecer en Estados Unidos. Los niños que estén solos son entregados a parientes o a un sistema de cuidado sustituto operado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Pero desde el verano pasado el gobierno federal ha detenido a miles de las mujeres que viajan con niños pequeños, manteniéndolas a un costo de entre $160 y $330 diarios por persona, dependiendo de a dónde vayan.
La declaración de Johnson tenía pocos detalles de cuáles cambios se harían en los centros de detención que alojan a miles de mujeres y niños, mayormente en dos instalaciones con fines de lucro en Texas. Aunque varios de los miembros del Congreso que visitaron los centros de Texas el 22 y el 23 de junio dijeron estar agradecidos por los esfuerzos de Johnson y esperanzados sobre las mejoras en las condiciones de detención, otros dijeron que aceptarían nada menos que el cierre de los centros y la liberación de las familias.
Los miembros del Congreso que estuvieron en una conferencia de prensa del 24 de junio contaron sobre haber hablado con mujeres llorosas que describían cómo sus hijos se niegan a comer y se enferman, entonces, al procurar tratamiento médico, se les dice que traten las enfermedades de sus hijos, incluyendo una erupción virulenta, dándoles agua para beber. En un centro ellos fueron recibidos por docenas de mujeres y niños vociferando y portando carteles sobre su situación apremiante escritos en sábanas y fundas de almohadas, los únicos materiales que tenían a la mano.
Ellos dijeron que escucharon sobre niños tan traumatizados por la vida en los centros de detención que habían retrocedido en su desarrollo y regresado a intentar amamantar a los 4 años de edad y de ver uno que retrocedió a necesitar pañales a la edad de 10 años. El representante Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, describió que un niño de 4 o 5 años se agarró de la pierna de él pidiéndole “sácanos de aquí”.
La representante Zoe Lofgren, demócrata de California, dijo que las condiciones en el centro residencial del condado Karnes en Karnes City y el centro residencial familiar en Dilley, en el sur de Texas, eran en cierto modo más tipo prisiones que las condiciones en cárceles que ella visitó mientras estaba en el gobierno local en California. Mantener bajo tales condiciones a mujeres y niños que buscan asilo es una violación de las leyes internacionales, así como de los valores estadounidenses, dijo Lofgren.
“En su mayoría estos son mujeres y niños que huyen de una violencia increíble y están cumpliendo con la ley de inmigración, que dice que uno puede venir a Estados Unidos … desde cualquier parte del mundo, y decir que está procurando refugio seguro y solicitando asilo”, dijo Lofgren. “Eso es lo que estas mujeres hacen. Y lo que hacemos a cambio, con un enorme costo para los contribuyentes, es ponerlas en la cárcel por extensos períodos de tiempo”.
Varios miembros hablaron de haber conocido a una mujer en el centro Dilley que les dijo sobre haber intentado conseguir atención médica para su hija, quien tenía infección, y que el personal del centro de detención le dijo que le hiciera beber más agua. Al día siguiente ellos se enteraron de que la mujer estaba tan angustiada que intentó suicidarse después que ellos se fueron.
El representante Luis Gutiérrez, demócrata de Illinois, señaló que la mayoría de las mujeres en las “prisiones” familiares ya han satisfecho los criterios del “temor creíble” que es el primer paso para obtener asilo.
El látigo demócrata de la Cámara, Steny Hoyer, de Maryland, dijo que las instalaciones simplemente tienen que ser cerradas. “Los individuos detenidos no han cometido delito alguno. Han cumplido con la ley estadounidense”, él dijo. “Ellos vinieron y dijeron ‘necesitamos refugio, seguridad, protección’“.
El representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, dijo que es hora de “actualizar nuestra noción de lo que significa solicitar asilo”. En vez de huir del comunismo, como lo hicieron los refugiados de la década de 1960, los solicitantes de asilo de hoy día huyen de la violencia y de las pandillas descontroladas en sus países de origen, él dijo.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del DHS había emitido una declaración el 23 de junio diciendo que los centros son “una alternativa eficaz y humanitaria para mantener la unidad familiar mientras las familias pasan por los procedimientos de inmigración o esperan ser devueltos a sus países”. Esta dice que los centros “son gobernados por estándares estrictos y extensamente supervisados y auditados”.
Jeanne Atkinson, directora de la Red Católica de Inmigración Legal, o CLINIC, organización abarcadora para proveedores católicos de servicios legales, discrepó con el comunicado de prensa de ICE, diciendo en una declaración del 24 de junio que eso es contrario a “lo que nosotros y otros abogados de inmigración que trabajamos sobre el terreno en estas instalaciones sabemos lo que es verdad”.
“La detención familiar es una afrenta a la dignidad humana”, ella continuó. “Simplemente no hay manera humana de detener familias”.
El acceso a abogados “se debe a los incansables esfuerzos de los defensores que ofrecen voluntariamente su tiempo, destrezas y energía ayudando a cientos de mujeres y niños todos los días”, ella dijo. “Ellos vienen, pagando de su bolsillo, simplemente porque la detención familiar es inescrupulosa y la necesidad de ayuda jurídica es tan grande.
“Seamos claros: ICE no ha contribuido a estos esfuerzos. Por el contrario, ICE ha obstaculizado los esfuerzos de los voluntarios y los abogados”.
