Activists hold a photo of slain environmental rights activist Berta Caceres during a protest outside the presidential house in Tegucigalpa, Honduras, March 8. (CNS photo/Jorge Cabrera, Reuters)
por David Agren
CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — Por lo menos unos 25 grupos católicos se han unido a organizaciones privadas para condenar el asesinato de Berta Cáceres, hondureña comprometida en la defensa del medio ambiente y piden que se realicen cambios de política de acción de Estados Unidos en cuanto a la asistencia económica que se le da a la región.
En carta abierta dirigida al secretario de estado de los Estados Unidos, John Kerry, las organizaciones pidieron que se lleve a cabo una investigación adecuada sobre este crimen, que ha atraído la atención internacional y puesto de manifiesto la impunidad reinante en Honduras, país centroamericano. Y le piden al gobierno de los EEUU que no se permita que el asesinato realizado en la persona de Cáceres se quede irresoluto e impune y que se evite una respuesta con el mismo estribillo de “estas cosas pasan”. En oposición a esto, los grupos le piden a los EEUU que se aproveche esta tragedia para que “se logre un cambio profundo en la dirección adecuada de mejora en tal situación abismal de atropello de los derechos humanos en Honduras.”
“Le pedimos al Departamento de Estado que se le aclare al gobierno de Honduras que la sociedad futura de ambos países y los fondos económicos de EEUU a Honduras dependerán de una demostrada voluntad política de investigar este crimen y castigarlo, más todos los otros crímenes cometidos en contra de los que defienden los derechos humanos”, dijeron los grupos en su carta, fechada el 7 de marzo.
El gobierno de Honduras. . . debe de garantizar la libertad de expresión, incluyendo represalias brutales y constantes ante protestas sociales, asegurando fin inmediato a declaraciones públicas de intimidación hechas por funcionarios públicos y miembros de la milicia y de la policía, que colocan en riesgo a periodistas y defensores de derechos humanos; y, al fin, asegurando que se terminen juicios engañosos contra los defensores de los derechos humanos”.
Cáceres fue asesinada en su propia casa, el 3 de marzo, en un ataque que inicialmente se atribuyó a robo, según las autoridades. Tal explicación de los hechos fue rechazada por amigos y familia, que aseguran que Cáceres había estado bajo constantes amenazas declaradas por grupos de terratenientes, de policía y de milicia.
Cáceres pertenecía al grupo indígena lenca que se concentra en la parte occidental de Honduras y se había opuesto a la construcción de una planta hidroeléctrica que se había determinado sin el consentimiento de la población de la localidad y que era una amenaza de ruina del río vecino que los lencas consideran clave como fuente de agua y elemento importante para su cultura local y modo de vida.
Cáceres había ganado un premio por el cuidado del medio ambiente, conocido en inglés como “Goldman Environmental Prize” en el año 2015 por su labor desarrollada en contra de la construcción de una presa que llevaría el nombre de Agua Zarca, la que estancaría al río Gualcarque. También ella había participado en la reunión inaugural de Asambleas Mundiales de Movimientos Populares en el Vaticano, en su inauguración, en el año 2014.
“Berta Cáceres nos había unido en un sentimiento patriótico de lucha por la justicia con una visión del mundo acomodada al espíritu original de los pueblos, en la construcción de una nueva sociedad y de un mundo en donde ninguna familia carezca de techo, ningún trabajador esté sin empleo y ningún campesino se encuentre sin tierra”, declararon funcionarios de “Caritas Honduras” el 5 de marzo.
Uno de los grupos signatarios que lleva el nombre en inglés de “Global Witness” (Testigo mundial), descubrió que 116 personas que trabajaban a favor del medio ambiente habían sido asesinadas en el año 2014 en todo el mundo; y de esa cifra, tres cuartas partas habían ocurrido en Centro y Sudamérica. En Honduras, las personas de “Global Witness” documentaron 101 casos de asesinatos llevados a cabo en la persona de medioambientalistas, entre los años del 2010 al 2014, lo que constituye a la región “como los países más peligrosos “per capita” [por habitante] en contra de las personas que trabajan a favor del medio ambiente”. Tres personas muertas, en esa cifra, eran colegas de Cáceres.
Honduras ha sufrido de inestabilidad y de inseguridad desde la asonada militar del año 2009 y la corrupción rampante ha causado cientos de manifestaciones, especialmente en el año 2014, después de que se descubrió que el dinero del desfalco de las arcas del Instituto del Seguro Social había ido a parar a manos de los que manejaban la campaña electoral del Partido Nacional que detentaba el poder.
Las organizaciones sociales le pedían en su documento al gobierno de los Estados Unidos que cambie su postura y que demande responsabilidad de los proyectos en marcha, además de apoyar a las personas que trabajan en la protección de sus territorios tradicionales.
“El gobierno de los Estados Unidos debe estar de lado de aquellas personas que ponen su vida en riesgo para protección de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras”, se decía en el documento, en el que se incluían firmas de la Conferencia de Dirigencia de Religiosas, de la Conferencia de Superiores Generales de Religiosos, de la Oficina de Preocupaciones Mundiales de Maryknoll, de la provincia de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, de la Red Ignaciana de Solidaridad y de la Red Franciscana de Acción.
“Le pedimos al Departamento de Estado que se suspenda toda clase de ayuda económica y entrenamiento de las fuerzas de seguridad de Honduras, con excepción de la asistencia de investigaciones y procedimientos forenses a la policía, mientras los asesinatos cometidos en la persona de Berta Cáceres y de un gran número de trabajadores del medio ambiente de Honduras permanezcan impunes”, se decía en el documento.
