WASHINGTON (CNS) — El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó el 19 de enero revisar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama para proteger de la deportación tanto a aquellos que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños como a los padres inmigrantes de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales de este país.
“Estamos animados y complacidos porque el Tribunal Supremo examinará los méritos de estas órdenes ejecutivas”, dijo Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal, conocida como CLINIC.
“Esto debe ser tomado como señal de esperanza para los estimados 5 millones de personas que pueden beneficiarse de las oportunidades presentadas por DAPA y por la expansión de DACA”, ella dijo en un comunicado.
En el 2015 las órdenes ejecutivas de Obama ampliaron el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y crearon el programa Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes (DAPA).
Sus acciones, que son apoyadas por la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos, todavía no se han implementado. Estas fueron suspendidas el 9 de noviembre por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito de Estados Unidos en Nueva Orleáns, el cual ratificó el interdicto de un juez federal de Texas contra las órdenes de Obama.
“La acción diferida” permitirá que millones de inmigrantes que cumplen los requisitos puedan continuar trabajando sin temor a la deportación.
CLINIC, organización matriz para proveedores católicos de servicios legales, estuvo entre las 244 organizaciones que presentaron un documento conjunto instándole al Tribunal Supremo a aceptar el caso U.S. v. Texas.
El documento amicus curiae, o amigo del tribunal, argumentó que el abarcador interdicto del Tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos en Texas para bloquear los programas perjudica directamente a millones de personas que han estado en Estados Unidos desde la niñez o cuyos hijos son ciudadanos o residentes permanentes.
Los argumentos orales del caso están programados para ser escuchados en abril, con una decisión esperada para junio. Durante una concentración pro derechos de inmigración el 20 de noviembre frente al Tribunal Supremo para observar el aniversario de las órdenes ejecutivas de Obama sobre la deportación diferida, Marly Arévalo dijo a Catholic News Service que estaba “luchando por mis derechos y los derechos de otros”.
Cursando en el primer año en Montgomery College, en Maryland, Arévalo dijo que ha vivido en Estados Unidos durante más de seis años, desde la llegada de su familia desde Guatemala. Ella cumpliría los requisitos para DACA, lo que “abriría puertas a más empleos y más becas”, ella dijo. Después de terminar la universidad, ella tiene la esperanza de ser trabajadora social.
Su familia salió de Guatemala “porque allá no había oportunidades de asistir a la escuela y hay carencia de empleo. Decidimos viajar hacia América porque eso abre puertas a esas áreas”.
A pesar de la hostilidad política contra las órdenes ejecutivas propuestas y el decreto del tribunal apelativo, que podría significar la eventual deportación, ella dijo: “No tengo miedo”.
