Hija de activista hondureña asesinada hace llamado a investigación exhaustiva sobre muerte

Bertha Isabel Zuniga Caceres, daughter of slain environmental rights activist Berta Caceres of Honduras, poses for a photo in Washington April 4. (CNS photo/Tyler Orsburn)
Bertha Isabel Zuniga Caceres, daughter of slain environmental rights activist Berta Caceres of Honduras, poses for a photo in Washington April 4. (CNS photo/Tyler Orsburn)

por Dennis Sadowski

WASHINGTON (CNS) — Berta Isabel Zúñiga Cáceres quiere que Estados Unidos presione el gobierno hondureño para que procure una investigación independiente sobre el asesinato de su madre, la activista de los derechos ambientales, Berta Cáceres, el 3 de marzo.

La universitaria de 25 años de edad dijo durante una visita a Washington que no se puede confiar que el gobierno hondureño investigue el asesinato porque las autoridades la habían “perseguido y criminalizado a mi madre”.

“Estamos solicitando una comisión independiente de expertos porque no confiamos en la oficina del procurador público en Honduras”, dijo Zúñiga a Catholic News Service en entrevista en las oficinas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

“La meta es poner un poco de presión para hacer que se escuchen nuestras voces en Honduras porque se están lavando las manos después de martirizar a la gente. Queremos que las voces de las víctimas sean escuchadas por el gobierno. No han atendido la petición pública [de una investigación] que se hizo justo después del asesinato”, dijo Zúñiga mediante intérprete.

Cáceres, quien fundó el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras en 1993, fue asesinada en su hogar en La Esperanza temprano el 3 de marzo en lo que la policía llamó inicialmente un intento de robo. La líder indígena lenca era conocida internacionalmente por su oposición a la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque en el oeste de Honduras y por sus esfuerzo ganó

el Premio Medioambiental Goldman, galardón considerado el Nobel de las acciones ecológicas.

En una visita corta a la capital de la nación, Zúñiga se reunió con grupos pro derechos humanos y había de unirse a vigilias del 5 de abril en el Banco Mundial y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recordar a Cáceres y reiterar el llamado a una investigación independiente.

La comisión de derechos humanos le había planteado en el 2015 preocupaciones por la seguridad de Cáceres al presidente hondureño Juan Orlando Hernández para que el gobierno tomara “medidas de precaución” para protegerla.

Zúñiga, la segunda de los cuatro hijos de Cáceres, dijo que durante un mes desde que su madre fue asesinada su familia no había escuchado nada de parte del gobierno sobre el estado de su investigación. Un comunicado emitido el 4 de abril por la familia Zúñiga Cáceres decía que las solicitudes de información sobre la investigación “han sido denegadas sin explicación”.

Zúñiga acusó que los investigadores habían “alterado la escena del delito”. Ella también criticó la detención del activista ambiental Gustavo Castro Soto, quien fue testigo del asesinato. Soto, quien recibió dos disparos durante el ataque, fue liberado de la custodia hondureña y devuelto a México.

Zúñiga dijo que Estados Unidos puede influenciar el gobierno hondureño para procurar una investigación independiente por la Comisión Interamericana.

“Creemos que esto es una oportunidad porque Honduras, en múltiples ocasiones, ha sido señalado por violaciones de los derechos humanos y su incapacidad de abordar protecciones adecuadas para los defensores de los derechos humanos”, ella dijo a CNS. “Es una oportunidad para hacer realidad algo distinto, para establecer un precedente de que debe ser conocido y entendido cómo corporaciones nacionales con financiamiento internacional están operando en Honduras”.

Zúñiga también hizo un llamado a los ciudadanos estadounidenses a apoyar una investigación independiente.

“Mi madre era defensora de la vida, así que un asesinato como ese debería ser doloroso para el mundo entero”, ella dijo. A la gente tiene que importarle lo que pasa en otros países; “por eso es que existe la solidaridad internacional”.

“Estamos luchando por el bien común de la naturaleza. Esto no es un beneficio para los pueblos indígenas ni para quien sea que esté en ese territorio. Es por [el] beneficio de todos”.

Zúñiga, de suave hablar, señaló que su familia recibió una carta de condolencia de parte del Vaticano después de la muerte de su madre, pero que no había escuchado nada de la Iglesia Católica hondureña.

“La iglesia, en la persona del cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, ha tenido un papel terrible en respuesta a la lucha del pueblo lenca”, ella dijo.

El consejo de derechos indígenas repetidamente le ha comunicado al gobierno hondureño sus preocupaciones sobre el proyecto de la represa Agua Zarca, comenzando en el 2006 cuando cuadrillas de construcción se presentaron sin aviso a lo largo del río Gualcarque. No satisfechos por la falta de respuesta gubernamental durante años, el consejo recurrió a la comunidad internacional para apoyo, citando la destrucción de tierra sagrada lenca, el desplazamiento de personas y las amenazas contra los activistas.

Synohydro, socio en el proyecto y el desarrollador de represas más grande del mundo, subsiguientemente se retiró, llevando a una suspensión del proyecto. El desarrollador actual, la compañía hondureña de energía DESA, entonces reubicó el proyecto una milla río arriba. El concilio de derechos indígenas continúa oponiéndose a la construcción.

La hermana de Zúñiga, Laura, estuvo en Washington el 23 de marzo para una sesión informativa congresional sobre el asesinato y las amenazas contra los activistas. Ella dijo que su madre había recibido 33 amenazas entre el 2013 y el 2016 en relación con su oposición al proyecto hidroeléctrico.

Ella dijo que las autoridades hondureñas sugirieron que un conflicto dentro del consejo indígena había llevado a la muerte de su madre, pero ella rechazó tal aserción diciendo que los activistas pro los derechos indígenas han sido acosados durante años por fuerzas de seguridad del estado y privadas.

Desde la muerte de Cáceres más de 60 miembros del Congreso le han solicitado al secretario de estado John Kerry que revise la ayuda a Honduras y procure una investigación sobre las muertes de líderes ambientalistas y de los derechos humanos hondureños.

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