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Juez ordena liberación de familias de inmigrantes dentro de plazo de 60 días

Children play in a double-fenced playground area in 2009 outside the T. Don Hutto Family Residential Facility in Taylor, Texas. The Catholic Legal Immigration Network and the Sisters of Mercy of the Americas decried the Obama administration's effort to have a judge set aside her orders for the release of families being held in immigration detention centers. (CNS photo/Bahram Mark Sobhani).

Children play in a double-fenced playground area in 2009 outside the T. Don Hutto Family Residential Facility in Taylor, Texas. The Catholic Legal Immigration Network and the Sisters of Mercy of the Americas decried the Obama administration’s effort to have a judge set aside her orders for the release of families being held in immigration detention centers. (CNS photo/Bahram Mark Sobhani).

por Patricia Zapor

WASHINGTON (CNS) — Una juez federal el 21 de agosto le dio a la administración Obama 60 días, hasta el 23 de octubre, para liberar a cientos de madres y niños inmigrantes que están encerrados en centros de detención.

La juez Dolly Gee, del Tribunal de Distrito de California Central, reiteró su orden de hace un mes en que dijo que un acuerdo judicial en vigor hace mucho tiempo sobre el trato de juveniles bajo custodia de inmigración es violado por la política del gobierno de detener madres y niños mientras procuran asilo u otras maneras de permanecer en el país.

La administración había apelado la orden de Gee repitiendo muchos de sus argumentos originales de por qué se debe permitir detener familias y diciendo que ya hay un sistema establecido para reducir cuánto tiempo son detenidas las familias. La respuesta de Gee aclaró algunas partes de su orden de julio y en otras secciones criticó la apelación del gobierno.

Por ejemplo, ella dijo que fue “especulativo en el mejor de los casos y, en el peor, propagación de temores” cuando el gobierno argumentó que las órdenes de ella de liberar a las familias “podría aumentar el riesgo de una nueva oleada de inmigración ilegal cruzando nuestra frontera suroeste por familias centroamericanas, incluyendo el incentivar a los adultos a traer niños consigo en su peligrosa travesía como medio de evitar la detención y lograr acceso al interior de Estados Unidos”.

La orden requiere que el gobierno libere “sin retraso innecesario” a los niños que se encuentran encerrados en centros de detención con fines de lucro en Texas y Pennsylvania, primero a uno de los padres (incluyendo a aquellos con quienes fueron detenidos) u otro pariente. Ella dijo que las familias “no serán detenidas … en instalaciones sin licencia o seguridad que no cumplen con los requisitos” de un acuerdo de 1997, Flores v. Reno, que estableció los estándares para las condiciones bajo las cuales el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) puede detener a menores de edad.

Los padres acompañantes de los menores detenidos por ICE también serán liberados, dijo Gee, “a menos que el padre esté sujeto a detención obligatoria bajo la ley aplicable o después que … se determine que el padre plantea un riesgo significativo de huida o sea una amenaza para otros o para la seguridad nacional y el riesgo de huida o la amenaza de seguridad no pueda mitigarse con una fianza apropiada o con condiciones de liberación”.

La orden de Gee especifica los criterios para que el gobierno observe una larga lista de condiciones bajo las cuales los menores son detenidos, incluyendo alimento, agua, control de temperatura, supervisión y comunicación con parientes.

Más de 68,000 mujeres y niños de América Central fueron capturados mientras cruzaban la frontera de Estados Unidos en México el verano pasado, un aumento de un 360 por ciento comparado con el año anterior, según estadísticas de la Patrulla Fronteriza. También hubo una oleada de menores no acompañados, hasta 68,000, un aumento de un 77 por ciento comparado con el año anterior. Un número significativamente menor de personas en ambos grupos ha sido capturado en la frontera este año debido, por lo menos parcialmente, al aumento en la aplicación de las leyes de inmigración en México.

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